El tiro rápido/

Miércoles 16 de noviembre, 2005

Por nueva vez, el Secretario de Estado de Interior y Policìa retoma el tema de la necesidad de incrementar el patrullaje policial en las calles, a fin de tratar de controlar en la mayor medida posible el auge de la criminalidad y el narcotráfico. Para hacer un trabajo eficiente en este sentido, el licenciado Franklin Almeida Rancier estima que es preciso contar con una fuerza no inferior a diez mil agentes.

La cifra sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores aunque quizàs con un poco menos de diferencia, entra en contradicción con la cantidad real que ahora mismo està realizando esa indispensable labor de patrullaje. Como referente, se menciona que en el dìa de ayer apenas tres mil ochenta y cinco uniformados estaban de patrulla, es decir tan solo un 30 pociento de la cantidad debida.

La denuncia del titular de Interior es recurrente de una situación en la que se estima èl debe ser tambièn un factor de solución, en orden a su nivel jerárquico que lo convierte en el superior inmediato de la jefatura policial. Pero al margen de esa consideración, es saludable que saque el tema a la luz pùblica a fin de crear un clima de presiòn ante un hecho tan preocupante como es que el cuerpo de orden pùblico disponga de un nùmero de efectivos muy inferior para lanzar a las calles.

Esta carencia de personal operativo, injustificada en un cuerpo en cuya nòmina figuran màs de 26 mil agentes gran parte de los cuales estàn realizando labores ajenas a sus verdaderas funciones, es precisamente lo que sustenta la preocupación que hemos externado en otras ocasiones sobre la aplicación extensiva del llamado Plan de Seguridad Democrática.

Ahora mismo, el Plan después de haberse puesto en ejecución probatoria en la barriada de Capotillo, se va a extender a otros ocho sectores calientes de la capital. Entre èstos, por cierto, no figura Villas Agrícolas donde el fin de semana se produjo una acciòn casi terrorista. Esto asì, cuando un par de pandilleros provistos de una Uzi, abrieron fuego a mansalva, de forma indiscriminada, contra un numeroso grupo de vecinos que se aprestaba a disfrutar de un evento deportivo, hiriendo a unas siete personas, incluyendo menores, un minusvàlido y una joven embarazada.

Testimonios posteriores recogidos por el matutino Hoy entre los residentes del sector, confirman lo que antes ya habìa denunciado en Teledebate su diligente párroco, el sacerdote José Luis Hernández, sobre el accionar impune de las bandas de malhechores y narcotraficantes, contando en algunos casos con la complicidad de algunos de los propios agentes policiales de puesto en la zona. Tomamos este caso como simple referente de una situación que, por desgracia, se manifiesta en un gran nùmero de barriadas de la capital, Santiago y otras ciudades del interior.

No cuestionamos la efectividad del Plan de Seguridad Democrática. Por el contrario, reconocemos sus logros en Capotillo, donde casi a diario se registraban hechos de sangre debido a las pandillas de malhechores y a los vendedores de drogas. Desde que comenzò el patrullaje, la situación ha variado de manera significativa, y en base a esos resultados abrigamos la confianza màs que la simple esperanza, de que se repitan en los ocho barrios a los que se llevarà el Plan.

Pero insistimos: la delincuencia bien armada, bien agresiva y bien asociada casi siempre al narcotráfico, abarca muchos màs sectores de la capital, Santiago y otras ciudades cubriendo prácticamente toda la geografía nacional. Y a este paso y con tal limitación de efectivos y recursos, parece probable que a lo màs que se pueda llegar es controlar la situación en un nùmero especìfico de sectores, a crear bolsones de tranquilidad y normal convivencia en sitios determinados que pueda cubrir el paraguas del Plan. Pero no a alcanzar el clima generalizado de paz social y seguridad a que aspira el pleno ciudadano y que reclama el paìs. Lamentablemente.

El tiro rápido/

Martes 15 de noviembre, 2005

POR NUEVA VEZ

La Dirección General de Aduanas ha revelado la detección de un nuevo y voluminoso intento de contrabando. En este caso, se trata de un embarque representado por unos cien furgones repletos de electrodomèsticos y artículos de ferretería que debieran pagar aranceles que se hacen ascender a una suma superior a setecientos millones de pesos..

Por esta frustrada intentona de introducir al paìs mercancías burlando el pago de los derechos arancelarios a travès del moderno puerto multimodal Caucedo y el muelle de Haina Oriental, se informa que han sido efectuados varios allanamientos y se encuentran detenidas cerca de dos docenas de personas, incluyendo comerciantes y empleados de la propia dependencia aduanal presuntamente implicados en el hecho.

Es otra cuenta màs que agregar al ya largo rosario de acciones de la misma naturaleza llevadas a cabo bajo la gestiòn del actual incumbente de las aduanas dominicanas, mediante las cuales se han frustrado numerosos contrabandos sobre todo de artefactos eléctricos y bebidas extranjeras. De esta forma, se han podido recuperar para el fisco muchos cientos de millones de pesos en derechos arancelarios y multas por evasión.

Ahora bien. Esa es solo una parte de la historia, la que corresponde al àrea administrativa y recaudatoria. La otra pertenece al escenario judicial y penal. En èste, la situación parece ser muy diferente.

La propia Dirección General de Aduanas lo hizo pùblico en dìas recientes al denunciar la falta de colaboración de los tribunales, a los que acusa de haberse convertido en una retranca de las acciones que lleva a cabo esa dependencia para poner freno al contraband, un delito doloso tan grave como cualquier otro acto de corrupciòn.

En este sentido, el señor Miguel Cocco acentuò el hecho de que de un total de casi cuarenta expedientes por evasión arancelaria, convictos y confesos, según propias manifestaciones, solamente se ha registrado una condena en el menos importante de ellos, con una sanción irrisoria de apenas dos meses de càrcel y una moderada multa.

Llama la atención que frente a un señalamiento tan enfático y de tanta gravedad imputando lenidad a los tribunales ante este tipo de sometimientos que caso siempre involucran a elementos influyentes, económicamente poderosos y que, en no pocos casos, se hacen pasar por importadores serios y respetuosos de la ley, la Suprema Corte de Justicia no haya mostrado la menor reacción. Ni ha intentado desmentir al señor Cocco ni tampoco, que se sepa, ha dispuesto ninguna investigación para dejar debidamente esclarecidas las actuaciones de los tribunales involucrados en estos expedientes.

Este vacìo alrededor de la denuncia del Director General de Aduanas, la falta de eco que ha encontrado en la cúspide de la Administración de Justicia, lleva a suponer que este nuevo expediente y los sucesivos que sean instrumentados por contrabando correrán la misma suerte de los que han sido sometidos hasta ahora con tan frustrantes resultados.

Y ante esta realidad, volvemos a insistir por nueva vez frente al incumbente de las Aduanas del paìs que en todos estos casos, una vez comprobada sin margen a menor duda la responsabilidad de los inculpados, no se limite la sanción a cobrarles los impuestos que pretendìan burlar y las multas de ley, sino que tambièn se den a conocer sus nombres.

Esto asì, de tal modo, que si por las razones que sean pueden evadir la sanción que les corresponderìa en los tribunales de justicia, resulten al menos ,moralmente penalizados en el tribunal de la opinión pùblica.