El tiro rápido/

Martes 15 de noviembre, 2005

POR NUEVA VEZ

La Dirección General de Aduanas ha revelado la detección de un nuevo y voluminoso intento de contrabando. En este caso, se trata de un embarque representado por unos cien furgones repletos de electrodomèsticos y artículos de ferretería que debieran pagar aranceles que se hacen ascender a una suma superior a setecientos millones de pesos..

Por esta frustrada intentona de introducir al paìs mercancías burlando el pago de los derechos arancelarios a travès del moderno puerto multimodal Caucedo y el muelle de Haina Oriental, se informa que han sido efectuados varios allanamientos y se encuentran detenidas cerca de dos docenas de personas, incluyendo comerciantes y empleados de la propia dependencia aduanal presuntamente implicados en el hecho.

Es otra cuenta màs que agregar al ya largo rosario de acciones de la misma naturaleza llevadas a cabo bajo la gestiòn del actual incumbente de las aduanas dominicanas, mediante las cuales se han frustrado numerosos contrabandos sobre todo de artefactos eléctricos y bebidas extranjeras. De esta forma, se han podido recuperar para el fisco muchos cientos de millones de pesos en derechos arancelarios y multas por evasión.

Ahora bien. Esa es solo una parte de la historia, la que corresponde al àrea administrativa y recaudatoria. La otra pertenece al escenario judicial y penal. En èste, la situación parece ser muy diferente.

La propia Dirección General de Aduanas lo hizo pùblico en dìas recientes al denunciar la falta de colaboración de los tribunales, a los que acusa de haberse convertido en una retranca de las acciones que lleva a cabo esa dependencia para poner freno al contraband, un delito doloso tan grave como cualquier otro acto de corrupciòn.

En este sentido, el señor Miguel Cocco acentuò el hecho de que de un total de casi cuarenta expedientes por evasión arancelaria, convictos y confesos, según propias manifestaciones, solamente se ha registrado una condena en el menos importante de ellos, con una sanción irrisoria de apenas dos meses de càrcel y una moderada multa.

Llama la atención que frente a un señalamiento tan enfático y de tanta gravedad imputando lenidad a los tribunales ante este tipo de sometimientos que caso siempre involucran a elementos influyentes, económicamente poderosos y que, en no pocos casos, se hacen pasar por importadores serios y respetuosos de la ley, la Suprema Corte de Justicia no haya mostrado la menor reacción. Ni ha intentado desmentir al señor Cocco ni tampoco, que se sepa, ha dispuesto ninguna investigación para dejar debidamente esclarecidas las actuaciones de los tribunales involucrados en estos expedientes.

Este vacìo alrededor de la denuncia del Director General de Aduanas, la falta de eco que ha encontrado en la cúspide de la Administración de Justicia, lleva a suponer que este nuevo expediente y los sucesivos que sean instrumentados por contrabando correrán la misma suerte de los que han sido sometidos hasta ahora con tan frustrantes resultados.

Y ante esta realidad, volvemos a insistir por nueva vez frente al incumbente de las Aduanas del paìs que en todos estos casos, una vez comprobada sin margen a menor duda la responsabilidad de los inculpados, no se limite la sanción a cobrarles los impuestos que pretendìan burlar y las multas de ley, sino que tambièn se den a conocer sus nombres.

Esto asì, de tal modo, que si por las razones que sean pueden evadir la sanción que les corresponderìa en los tribunales de justicia, resulten al menos ,moralmente penalizados en el tribunal de la opinión pùblica.